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  MUJERES EN MÉXICO L as mujeres mexicanas encarnan la tensión y el encuentro entre dos culturas, la indígena  – de extraordinaria riqueza  –  y la española. Con un mestizaje aún en proceso, insuficientemente integrado por el país, soportan el racismo, así como grandes desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales. S u presencia en las luchas por la independencia, en la construcción de la nación, en la Revolución de 1910 y en los momentos de crisis no ha dejado huella y escandaliza su ausencia en la institucionalidad política. Sólo tras una lucha de varias décadas obtuvieron el derecho a voto a nivel nacional, siendo México uno de los últimos países de la región en reconocerlo. C on una Iglesia Católica muy influyente, valores marcadamente tradicionales con respecto a los roles femeninos, un sistema político altamente excluyente y una cultura política autoritaria, el camino de las mujeres ha sido difícil, con logros parciales e intermitentes. No obstante, el movimiento de mujeres, que renace en vísperas de las realización de la I Conferencia Mundial de la Mujer en ciudad de México (1975), ha madurado políticamente, gestando un discurso propio y articulando a diversos sectores sociales. Anfitrión en el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Taxco, 1987), a partir de 1988 ha ligado en el debate los temas del feminismo y la democracia e influido en la acción estatal hacia la mujer, en especial en el ámbito de la violencia sexual e intrafamiliar. Sin embargo, México es el único país de la región que no cuenta con un mecanismo nacional para el adelanto de la mujer, según lo establecido por Naciones Unidas. E n los cuatro últimos decenios los rasgos vitales de las mexicanas han cambiado apreciablemente. Su perfil demográfico ha variado en el sentido de ser ya mayoritariamente urbanas y principalmente adultas jóvenes (y no fundamentalmente jóvenes como en 1950). Uno de los cambios más evidentes ha sido su menor fecundidad, que ha pasado de un promedio de siete hijos por mujer en edad fértil al comienzo de los cincuenta a unos tres hijos cuando se inician los noventa. Como sucede en otros aspectos, se evidencia una gran diferencia entre las mujeres rurales y pobres  – donde hay un peso apreciable de mujeres indígenas  –  y las mujeres urbanas de clase media. T ambién en los últimos decenios ha crecido el número de mujeres que se registran participando en el mercado laboral, debido tanto al aumento efectivo de esta participación femenina, como al mejor registro estadístico del fenómeno. Según la Encuesta Nacional de Empleo de 1991, cerca de un tercio de la Población Económicamente Activa del país estaba compuesto por mujeres. L as condiciones de vida de las mexicanas también han ido mejorando desde los años cincuenta, si bien la crisis de los ochenta detuvo ese avance en ciertos planos e incluso produjo algunos retrocesos parciales. Uno de los cambios más fuertes se refiere al aumento en el nivel educativo de las mujeres, las cuales alcanzaron a los hombres en casi todos los ámbitos de la educación formal. No obstante, sigue manifestándose una segmentación por sexo en cuanto a la elección de especialidad en la enseñanza media y de carrera universitaria, así como una tremenda deficiencia en la capacitación profesional.  H an mejorado, asimismo, las condiciones de salud de las mexicanas, aunque todavía se manifiestan deficiencias apreciables y, sobre todo, unas diferencias según zona de residencia, nivel socioeconómico y grupo étnico, que se encuentran entre las más graves de América Latina. Estas diferencias se agudizan por la distribución tan desigual de los servicios de salud, los cuales se concentran en las principales ciudades, produciendo incluso una falta de control y registro de las enfermedades en las zonas más postergadas del país. Puede así hablarse de dos dinámicas epidemiológicas coexistiendo en el territorio nacional. L a incorporación de las mexicanas a posiciones de poder ha sido particularmente lenta y escasa en comparación con el resto de América Latina. Tras la obtención del voto (en 1953) lograron un 2,5% de presencia en la Cámara de Diputados y cuarenta años después ocupaban sólo el 9,2% de los escaños. Recién en 1981 una mujer ocupó una cartera ministerial y sólo tres mujeres lo han hecho hasta hoy. En 1992 ejercían apenas el 2,8% de las presidencias municipales. E l movimiento amplio de mujeres integra hoy día a feministas, trabajadoras, campesinas y mujeres populares. Cuenta con numerosas organizaciones, programas académicos, ONG de acción social, organizaciones políticas y sindicales. Si bien el mayor número se concentra en el Distrito Federal, diversos Estados han desarrollado valiosas experiencias e iniciativas y desde los comienzos de los 80 han realizado numerosos encuentros, nacionales y sectoriales. L a estabilidad económica y la concentración de la riqueza, por una parte, y la marginación de los grupos más pobres, los pueblos indígenas y campesinos de la población, por otra, han ocultado una sociedad marcada por las desigualdades y la corrupción. El estallido de Chiapas y los asesinatos de figuras políticas ponen el dedo en la llaga y representan un desafío para la efectiva democratización del país. Corresponde a las mujeres ser parte activa en esta transformación. E l proyecto de investigación Mujeres Latinoamericanas en Cifras fue desarrollado y coordinado en México por Alicia I. Martínez, profesora  – investigadora de FLACSO  – México. La presentación de resultados fue realizada por la Coordinación Regional, atendiendo a las necesidades de comparación del caso mexicano con el resto de los países de América Latina. El “pa   En las democracias del siglo XXI existe un consenso amplio en torno a la igualdad de mujeres y hombres. Pero ¿qué quiere decir esa igualdad y por qué es importante establecerla normativamente — en el más alto nivel —  para el acceso a cargo s públicos?pel” de las mujeres  en la vida política La lucha de las mujeres por un lugar en la política mexicana En el marco del Día Internacional de la Mujer, hacemos un balance de cómo están las mujeres de nuestro país en el ámbito político; sólo 7 mujeres han sido gobernadoras en los orígenes del Estado moderno Mientras la humanidad atestiguaba el nacimiento del Estado moderno — que ha dado lugar a Estados constitucionales como el mexicano — , solo los hombres participaban activamente en su  formación: eran titulares de derechos, formaban parte del pueblo que podía elegir a sus representantes, y ocupaban cargos públicos de representación social. Y cuando digo “hombres” no estoy utilizando — equivocadamente —  al género masculino como neutro; me refiero a los hombres. Las mujeres no fuimos parte del diseño institucional y social, ni mucho menos tuvimos un espacio en la política. En otras palabras, el Estado moderno, cuna de la democracia actual, nació trunco: desde su srcen excluyó a las mujeres de cualquier tipo de participación dentro del mismo. Aunque esto resulta de suyo bastante grave, lo más preocupante estriba en que el establecimiento de la política como un coto vedado a las mujeres terminó por consolidar una idea que se grabó casi indeleblemente en nuestra estructura sociocultural: las mujeres no pueden participar en espacios deliberativos ni de toma de decisiones, razón por la cual su formación hacia la vida adulta debe orientarse a las labores domésticas. Quedó así definido el  papel de las mujeres . Sobresimplificando el tema, es fácil encontrar en lo anterior la razón por la que las mujeres no recibían educación, no accedían a servicios de salud, no formaban parte de la vida económica nacional y, por supuesto, tampoco aspiraban a cargos públicos. También se explica el rol que les fue asignado — ante la ausencia de cualquier alternativa —  dentro de la familia. En estos términos, la falta de participación de las mujeres en la vida pública terminó por confinarlas de múltiples ámbitos, ya no solo públicos, sino también privados. De aquí se desprende una primera conclusión: la participación de las mujeres en la vida pública es directamente proporcional a su participación en otros espacios. Esto se debe a que desde la vida pública se diseña el proyecto de Estado, y si en este no participan mujeres, estas, a su vez, no estarán contempladas en dicho proyecto. II. Reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres La lucha por el reconocimiento y tutela de los derechos de las mujeres no ha sido lineal ni ha seguido una agenda perfectamente definida. A nivel mundial existen varios antecedentes que, gracias al impulso de las mujeres, fueron pavimentando el camino. La primera ocasión en que se reconoció intencionalmente 1  el derecho de las mujeres al sufragio — en términos idénticos al de los hombres —  se remonta a 1838 en las islas Pitcairn (territorio británico de ultramar). Durante la segunda mitad del siglo XIX, algunos países y Estados reconocieron un tipo de sufragio femenino restringido. En 1893, Nueva Zelanda (entonces colonia británica autogobernada) se convirtió en el primer Estado en aprobar el sufragio femenino sin restricciones. En Europa, este paso se dio primero en Finlandia (entonces y hasta 1917, Gran Ducado de Finlandia del Imperio Ruso) en 1907, donde incluso algunas mujeres llegaron a ocupar escaños en el Parlamento (primer caso a nivel mundial). En 1927, Uruguay fue el primer país latinoamericano en aprobar el sufragio femenino.  El recorrido mexicano fue largo. 2  El reconocimiento del voto — activo y pasivo —  a nivel local ocurrió por primera vez en Yucatán en 1923. 3  A nivel federal, el primer paso se remonta a una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional, enviada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Pese a que la iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas estatales, el cómputo y la respectiva declaratoria de vigencia nunca llegaron. El derecho al voto en la Constitución Federal pasó por tres etapas más: (1) durante la presidencia de Miguel Alemán, el 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial   la reforma al artículo 115 de la Constitución, que concedía a las mujeres el derecho a votar en las elecciones municipales; (2) el 4 de diciembre de 1952, apenas tres días después de la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines, el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937, y (3) cinco días después, el 9 de diciembre, el presidente presentó la iniciativa que dio lugar a la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953. El 3 de  julio de 1955 se registró el primer voto de mujeres en elecciones federales a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. A nivel internacional también fue a mediados del siglo pasado cuando se reconoció la universalidad de los derechos políticos. Primero fue la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a instancia de la entonces Comisión de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre de 1948 emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 reconoció el derecho de todas las personas a votar y a participar en el Gobierno de su país, lo que incluye el acceso a cargos públicos en general y de elección popular en específico. El tema fue retomado en la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 640 (VII) del 20 de diciembre de 1952. Dicha Convención contiene tres artículos sustantivos (del I al III) en los que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y a acceder a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres y sin discriminación. Instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) reconocieron también derechos políticos a las personas ciudadanas de los Estados, los cuales fueron concebidos como “derechos y oportunidades”, respectivamente, en sus artículos 25 y 23.  III. Perspectiva histórica de la participación política de las mujeres en México Pese a que la historia ha enfatizado la lucha de las mujeres por acceder a la posibilidad de votar, en realidad no puede concebirse una auténtica participación de ellas en la vida política nacional si no tienen o ejercen su derecho a ser electas. El problema ha estado en que el simple reconocimiento del derecho de las mujeres al voto pasivo y a acceder a cargos públicos no ha sido suficiente para romper una inercia de siglos. Es por ello que se ha modificado en cinco ocasiones el marco normativo (en 1993, 1996, 2002, 2008 y 2014), primero para promover la igualdad entre
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