Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre del dos mil catorce.

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********** VS COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA EXPEDIENTE JUICIO DE NULIDAD SENTENCIA DEFINITIVA Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre del dos mil catorce. Vistos para resolver
********** VS COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA EXPEDIENTE JUICIO DE NULIDAD SENTENCIA DEFINITIVA Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre del dos mil catorce. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo promovido por **********. R E S U L T A N D O 1. Que por escrito recibido en la Segunda Sala de este Tribunal el dieciséis de mayo de dos mil catorce, la demandante promovió juicio de nulidad en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El ejercicio de la acción se vinculó al recibo emanado de la cuenta ********** por el consumo comprendido del veintiséis de marzo de dos mil catorce, al veinticuatro de abril de dos mil catorce. 2. Mediante auto de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, se admitió a trámite el juicio interpuesto, ordenándose el emplazamiento a la autoridad demandada, la cual compareció a juicio en términos de su escrito de contestación visible en autos de la foja 020 a la El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se celebró la audiencia de ley y por ende concluyó la etapa de instrucción, con lo cual se está en condiciones de emitir la resolución que dirima la controversia planteada. C ON S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, es competente para conocer del presente juicio por razón de la materia, en tanto se promueve en contra de un acto fiscal emanado de una autoridad fiscal estatal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción II de la ley que rige a este Tribunal. Asimismo, esta autoridad es competente para conocer del presente juicio, aún y cuando fue substanciado por la Segunda Sala de este Tribunal, en tanto la numeración del expediente en que se actúa termina en 6 y debido a ello, a esta Tercera Sala le corresponde dictar la sentencia definitiva que dirima el litigio; esto con sustento en el Acuerdo del Pleno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de julio de 2013, Tomo CXX, Número 32, Sección I, páginas 21 a 23. SEGUNDO. Oportunidad. El juicio de nulidad se promovió en tiempo por la demandante, toda vez que el acto impugnado lo conoció el seis de mayo de dos mil catorce; por lo que los quince días a que se refiere el artículo 45 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, comenzaron a transcurrir el día siete posterior, terminando el día veintisiete de ese mismo mes y año; descontándose los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo de dos mil catorce, por ser sábados o domingos. Por tanto, atendiendo a que la demanda fue presentada el dieciseises de mayo de dos mil catorce, es evidente que tal 2 interposición se hizo oportunamente, esto es, al octavo día hábil siguiente de aquel en que el demandante conoció el acto que impugnó. TERCERO. Acto impugnado. El acto impugnado quedó acreditado con el documento visible en autos de este juicio a foja 014; al cual le asiste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 fracción II y 405 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo, según los numerales 30 tercer párrafo y 79 de la ley que rige a este Tribunal. CUARTO. Hechos que dieron origen al presente juicio. La autoridad demanda, emitió recibo emanado de la cuenta **********, por el consumo comprendido del veintiséis de marzo de dos mil catorce, al veinticuatro de abril de dos mil catorce y referente al inmueble con clave catastral **********. El seis de mayo de dos mil catorce, la parte actora tuvo conocimiento del recibo antes mencionado; por lo que acudió ante la Segunda Sala de este Tribunal a impugnarlo por considerarlo ilegal. QUINTO. Medios probatorios. Para sustentar su pretensión, el demandante ofreció como elementos de pruebas los que se detallan a foja 09 del expediente original, y que substancialmente se hacen consistir en: DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en original de recibo de la cuenta # ********** PRESUNCIONAL.- En sus dos formas, legal y humana, tan solo en cuanto favorezca a los intereses de la actora INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Tan solo en cuando [sic] beneficie 3 SEXTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de los motivos de inconformidad planteados por la parte demandante, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, en este considerando se resolverá si en la especie se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento estipuladas en la ley que rige a este Tribunal. Para tal efecto se tomarán como hilo conductor los razonamientos esbozados por la demandada en su contestación, dado que en ese documento planteó la actualización de al menos tres causales de improcedencia, a saber: a) el consentimiento tácito del acto impugnado; b) falta de interés jurídico del demandante; y, c) Inexistencia de la resolución impugnada. Pues bien, en un primer momento la autoridad argumentó que este juicio debe tenerse como improcedente en tanto la parte actora consintió el acto que impugnó ante este Tribunal. Para arribar a esa conclusión, la demandada afirmó que el particular en ningún momento promovió el medio de defensa que se prevé en el artículo 63 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. En efecto, la autoridad al dar contestación a su demanda consideró configurada una causal de improcedencia, ya que a su juicio, la parte actora, antes de acudir a interponer su demanda, debió agotar el recurso que prevé el artículo 63 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. Al respecto, es de señalarse que el razonamiento esgrimido por la autoridad es infundado, toda vez que pasa por alto que, conforme al artículo 35 de la ley que rige a este Tribunal, los medios de defensa o recursos administrativos previstos en otras leyes o reglamentos, son optativos para el particular; es decir, 4 éste puede optar por agotarlos o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. A efecto de que la presente sentencia gane en claridad, se considera necesario traer a la presente resolución el contenido del numeral en comento: Artículo 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso administrativo, será optativo pata el particular agotarlo o intentar directamente el juicio contencioso administrativo. Así pues, el hecho de que en la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, se prevea una cauce en favor del particular para revocar un acto administrativo como el impugnado en este juicio, no es óbice para que éste, si así lo decide, pueda acudir directamente a entablar un juicio de nulidad ante este Tribunal, sin necesidad de agotar de forma previa aquel medio de defensa. En tales condiciones se concluye que este primer argumento que esgrimió la autoridad respecto de la improcedencia del juicio resulta infundado. El particular no tiene el deber de agotar ningún medio de defensa antes de promover el juicio de nulidad; su interposición es potestativa; por lo que intentar una u otra vía es una decisión que debe permanecer en el fuero interno del gobernado. En otro fragmento de su contestación la autoridad manifestó que este juicio debía tenerse como improcedente, en tanto la parte actora carecía de interés jurídico, ello, debido a que a su entender, no le fue violado algún derecho subjetivo público. Para esta Sala, los argumentos anteriores resultan erróneos y carentes de fundamento, en tanto, la demandada, confunde el interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio, con el 5 derecho subjetivo que la actora aduce para obtener lo solicitado a través de su demanda. La actora goza de interés jurídico para promover el presente juicio desde el momento en que le fue notificado un acto administrativo dirigido a su persona que lesiona un derecho subjetivo público que le es propio. En cambio, el derecho para obtener lo solicitado en su demanda, es una cuestión que atañe al fondo del asunto y que en todo caso supondrá que se le conceda o no lo solicitado. En otras palabras, una cosa es que el demandante vea afectado un derecho subjetivo público por un acto de autoridad, lo cual le genera un interés jurídico para interponer el juicio de nulidad y otra cosa muy distinta es que esa afectación esté justificada por una norma que habilite a la autoridad a actuar como finalmente lo hizo. Por tanto, el hecho de que la autoridad no haya violando una disposición jurídica al emitir el acto administrativo impugnado en juicio, no implica la ausencia de un interés por parte del demandante para impugnarlo en ejercicio de una acción contenciosa. La lesión se da al emitirse el acto administrativo; en cambio, su legalidad, es justamente lo que habrá de determinarse en esta sentencia. Es útil para sostener lo anterior, las jurisprudencias que se reproduce enseguida: INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.- De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo 6 derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste. Contradicción de tesis 69/2002-SS.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.-15 de noviembre de Unanimidad de cuatro votos.-ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero.-Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 242, Segunda Sala, tesis 2a./J. 142/2002; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 827. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la 7 que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. Otro de los argumentos que esbozó la demandada para sostener que este juicio debía declararse improcedente tiene que ver con la inexistencia del acto impugnado. Como se aprecia de la transcripción anterior, la autoridad sostuvo que no existe un acto ilegal que pueda atribuírsele; de lo que a su entender se sigue, que no existe el acto impugnado. 8 Para esta Sala es claro que la autoridad confunde la existencia del acto, con su ilegalidad. La existencia del acto es un presupuesto para la procedencia del juicio y en este caso quedó acreditada en autos, tal y como se adujo líneas arriba en esta misma sentencia 1. Por su parte, la legalidad del acto impugnado no es un presupuesto de procedibilidad, sino es un tópico atinente al estudio que se hará del fondo del asunto. En otras palabras, el juicio es procedente porque el acto que la demandante impugnó existe, obra en autos a fojas 014; es decir, en este caso hay elementos para estudiar si es ilegal o no. El hecho de que el acto sea legal no significa que no exista; quizá lo que trató de argumentar la autoridad es que lo que no existe es la violación de un derecho subjetivo; sin embargo eso no significa que el acto no se haya dictado De qué manera pude hacerse un análisis de la legalidad de un acto administrativo, sino es partiendo de la base de que ha surgido jurídicamente? Finalmente esta Sala no pasa por alto que en el apartado denominado En cuanto a los hechos la autoridad demandada argumentó que la relación jurídica que mantiene con el particular demandante es de coordinación, en tanto ambos se encuentran en un plano de igualdad y no vinculados en un plano de supra a subordinación; la autoridad arribó a esta conclusión, considerando que el servicio que ella presta y que el particular disfruta, tiene como fuente un contrato administrativo de adhesión. Por tanto a su entender, esta Sala resulta incompetente para conocer del presente juicio, en tanto el acto que se impugnó no puede considerarse propio de una autoridad. Al respecto es de señalarse lo siguiente: La del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en su numeral 22 fracción II, establece que las 1 Véase el considerando tercero 9 Salas son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de actos o resoluciones de naturaleza fiscal emanados de las autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Fiscales Autónomos, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares. En este sentido, y tratándose de la impugnación de cobros de derechos fiscales por consumo de agua o determinaciones de créditos, mediante la emisión de recibos o facturas, el Pleno de este Tribunal ha emitido la Tesis de Jurisprudencia número 5, fijando claramente que tales recibos constituyen actos de molestias susceptibles de impugnarse a través de un juicio de nulidad. 2 Por tal motivo, y conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 95 de la ley que rige a este Tribunal, es indudable que esta Tercera Sala debe constreñirse necesariamente a la observancia obligatoria de la citada Tesis de Jurisprudencia número 5, que fija y resuelve sobre la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California, para conocer la impugnación de recibos por consumo de agua, como sucede en el presente juicio. De esta manera, si la autoridad demandada en este juicio considera que debe interrumpirse la observancia de la Tesis de Jurisprudencia emitida por este Tribunal número 5; está en aptitud de solicitar su revisión al Pleno de este Tribunal, quien puede resolver su interrupción. Lo anterior en términos de lo dispuesto en el numeral 95-Bis de la ley que rige a este Tribunal, y que a la letra dice: 2 RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTITUYE ACTO ADMINISTRATIVO DE MOLESTIA IMPUGNABLE EN JUICIO. PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA DEBE ESTAR FUNDADO. Tesis de Jurisprudencia número 5, consultable en el Boletín del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, Año 9, Números 15 y 16, Enero-Agosto ARTÍCULO 95 Bis.- Cuando existan razones fundadas por las que se considere que deba interrumpirse la observancia del criterio sustentado en una tesis jurisprudencial, la autoridad administrativa y los particulares que demuestren interés jurídico, podrán solicitar su revisión al Pleno del Tribunal. Si se consideran procedentes las razones expuestas, el Pleno del Tribunal, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, resolverá la interrupción del criterio sustentado en la tesis jurisprudencial. Dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiese dictado las sentencias que constituyeron los precedentes de la tesis jurisprudencial. El Pleno del Tribunal deberá dictar la resolución dentro de un plazo de treinta días y ordenar su publicación en los términos previsto por el artículo 97 de esta Ley. Si no se resuelve en dicho plazo, se suspenderá la aplicación de la tesis jurisprudencial. Sin perjuicio de lo anterior es preciso hacer notar que el pasado el viernes 17 de octubre de 2014, a las 12:30 horas, se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación, dos tesis emanadas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales ese Tribunal Constitucional sostuvo argumentos que se contraponen a los que el Tribunal Colegiado de Circuito esbozó en la tesis que fue citada por la autoridad en su contestación; tesis a partir de la cual la demandada trató de apoyar su razonamiento en el sentido de que esta Sala es incompetente para dirimir este juicio. Se reproducen enseguida las tesis citadas: Época: Décima Época Registro: Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de octubre de :30 h Materia(s): (Administrativa) 11 Tesis: 2a. CVI/2014 (10a.) COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electrici
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