Corrupción en Honduras

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  Corrupción en Honduras Cumpliendo apenas dos meses como presidente reelecto de Honduras, Jorge Orlando Hernández  –  JOH enfrenta suficientes problemas para definir como caótica la situación de su Gobierno. Arrastra desde su mandato anterior múltiples escándalos de corrupción, acusaciones de narcotráfico y autoritarismo, que han aumentado en los meses de confrontación social después de las elecciones. Cada paso que da el Gobierno se orienta al continuismo, como los ataques desatados para debilitar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA (con el guiño del secretario general de esa entidad, Luis Almagro). Un escenario de gobierno que muestra la pretensión de la ofensiva conservadora continental: reducir al máximo los espacios democráticos para impedir la exigencia de derechos sociales y políticos. En Honduras se evidencia a través de acciones como la represión generalizada del Gobierno de JOH ante los reclamos de fraude electoral (denunciados hasta por la Misión de Observadores Electorales de la OEA aunque luego se allanó al silencio) o con las maniobras del Estado -coordinadas de los tres poderes- para impedir la actuación de la MACCIH, sellando un pacto de impunidad ante los resultados de la Misión (que empezaron a develar el entramado de corrupción en el Congreso Nacional y en otras entidades gubernamentales que comprometen directamente a los aliados de JOH     La impunidad del poder   Desde el golpe de Estado en el 2009, se develó la red de intereses nacionales y extranjeros para impedir a toda costa que el Gobierno de Honduras se saliera del control político del poder establecido y de los Estados Unidos los sectores que aceptaron generar esa desestabilización y destruir los pocos avances democráticos del país, estaban seguros que tanto el poder judicial como sus aliados internacionales pasarían por alto las acciones delictivas, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos e incluso los vínculos de familiares y amigos con el narcotráfico. No contaban con la movilización de la ciudadanía que desbordó los cálculos del poder e, incluso, de la oposición. En 2015, tras hacerse público el desfalco del sistema de salud (por más de US$335 millones de dólares, se generó un movimiento de indignación de tal magnitud, que obligó al presidente JOH a pedir a la OEA una Misión contra la Corrupción y la Impunidad -similar a la CICIG en Guatemala- con el objetivo de mitigar el descontento social, desmovilizar a la ciudadanía y darse tiempo para conseguir la reelección, la única alternativa de continuidad para los involucrados en el saqueo de los recursos estatales. Sin embargo, la MACCIH de la OEA se instaló en el país con su mandato de desentrañar los casos de corrupción, ubicar culpables y exigir responsabilidades civiles y penales, lo cual se convirtió en una amenaza para JOH y sus aliados del poder legislativo y judicial. Pasadas las elecciones, la misión concluyó una primera investigación: de acuerdo a las declaraciones del responsable de la misma, el exministro de justicia peruano Juan Jiménez, ésta dejó al descubierto que los diputados se apropiaban de fondos públicos destinados a las ONG para acciones con comunidades, que en realidad eran falsas y no se ejecutaban. Hasta el momento están implicadas 30 ONG y 60 diputados. Este hallazgo le da la razón al enojo ciudadano y a la oposición hondureña. Aunque de inmediato el propio Congreso decretó  –  en una maniobra para exculpar a la red de diputados corruptos  –  una Ley Orgánica de Presupuesto, con un  nuevo procedimiento de liquidación de los fondos de ayudas económicas (dadas a las ONG inmersas en la corrupción) de carácter retroactivo al 2006. Inmediatamente la Corte Suprema de Justicia -la misma que declaró inconstitucional el impedimento para la reelección de JOH- decidió archivar las investigaciones contra los diputados. Van quedando claras las razones del poder para perpetrar el golpe, para apoyar a Porfirio Lobo (2010-2014), expresidente acusado de corrupción y narcotráfico (su hijo está preso por narcotráfico en EE. UU. y su esposa está presa por corrupción en Honduras). Queda manifiesto el interés de los sectores de poder para la reelección de JOH, incluso rompiendo la Constitución y facilitando un fraude. Se trata del carácter y la visión rentista de los sectores de poder, que ven en el Estado la fuente para enriquecerse y no para gestionar los derechos sociales de la ciudadanía, pues esto lo consideran “populismo”.  Una situación de franco deterioro institucional, que parece estar apoyada por Estados Unidos y por la secretaría general de la OEA, puesto que facilitó la creación de la MACCIH en el 2015, pero cuando ésta arrojó resultados concretos contra la corrupción, le es retirado el respaldo. Luis Almagro, luego de la maniobra de impunidad del Congreso, envió una carta al presidente JOH atacando el papel de la Misión, y asegurando que no ha generado resultados. Ante esta postura, Juan Jiménez presentó su renuncia como jefe de la misión, no sin antes denunciar que Almagro no le recibe desde septiembre del 2017 y que le ha quitado todo respaldo a su labor, El Gobierno de los Estados Unidos ha mostrado también su afán por apoyar la reelección presidencial de JOH, avalando los resultados de las elecciones, que a la fecha no cuentan con un escrutinio final p roducto del “apagón”  del sistema de conteo de   los votos y las actas de escrutinio.    La oposición sin estrategia, pero con apoyo social   En el primer momento poselectoral, la oposición estuvo respaldada por los informes de la Misión de Observación Electoral-MOE de la OEA, que recomendó la realización de unos nuevos comicios. Además, la ciudadanía se volcó a las calles a exigir un nuevo proceso electoral y se ha mantenido en las calles con movilizaciones, aún con el riesgo de vida y sin garantías democráticas: JOH ordenó el despliegue de una mega-represión dirigida por las Fuerzas Militares y la declaratoria de toque de queda y estado de sitio por 45 días, prohibiendo incluso el ingreso de una nueva misión de la OEA. Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición y candidato presidencial, viene cediendo ante las presiones de los Estados Unidos y de la OEA para entablar un diálogo con el presidente JOH, aunque sin claridades de agenda y del alcance que puedan tener esas conversaciones. Una definición que ha resultado en una disputa en la Alianza Opositora, ya que algunos líderes del Partido Libre y de las organizaciones campesinas y de trabajadores insisten en mantener las presiones para que se convoquen nuevas elecciones. El depuesto presidente Manuel Zelaya se opone al diálogo por considerar que a través de éste JOH busca legitimación, pero sin tener ningún interés en unas elecciones libres.  La sociedad está dispuesta a la movilización, aunque la oposición no encuentra un camino o estrategia para lograr que sus reclamos sobre el fraude tengan respuestas transparentes y contundentes. Sin la Unasur en funciones y la CELAC sin poder de decisión, Estados Unidos impone su voluntad e influencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU, visitó a JOH como muestra de su respaldo y llamó a la oposición a sentarse al diálogo, apoyando la tesis del presidente de conjurar la crisis hablando con Nasralla, y no convocando a elecciones. La oposición entonces se enfrenta al desafío de conducir un proceso político que lleve a consolidar las fuerzas para llegar al Gobierno, ya sea en un nuevo llamado a elecciones o en el siguiente período electoral. Un trabajo que debe incluir la búsqueda de aliados internacionales para hacer contrapeso al enorme poder del conservadurismo hondureño. A dos meses del segundo mandato de Juan Orlando Hernández el panorama es de conflicto social, y de imposición institucional para mantener el continuismo del modelo neoliberal y del papel de Honduras como aliado de los Estados Unidos en Centroamérica. Las movilizaciones sociales seguirán estando presentes, aunque la oposición liderada por Nasralla y el Partido Libre no encuentren la llave para conducirla. existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). La destacada activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016; la policía no había investigado amenazas previas contra su vida. Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, dos instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz. En abril, miembros de una comisión creada por acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno — Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) —  comenzaron a operar en Honduras. El mandato de la comisión incluye la selección y supervisión de un grupo de jueces, fiscales, policías y científicos forenses que llevarán adelante causas de corrupción. Abusos y corrupción policial El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales se han visto menoscabadas por ineficiencia y corrupción. La información al respecto que se difunde al público es muy poca, y en general prevalece la impunidad. Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica han conseguido escasos avances. En abril, se divulgaron documentos policiales que mostraban que altos comandantes, bajo órdenes de Winter Blanco,  jefe de un cártel de la costa caribeña, habían ordenado en 2009 el asesinato del jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González Irías, y de su asesor Alfredo Landaverde dos años más tarde. Una comisión de reforma policial nombrada en respuesta a las revelaciones anunció que pasaría a retiro a 27 jefes policiales, incluidos dos ex jefes de la Policía Nacional. El Canciller y ex Ministro de Seguridad Arturo Corrales presentó su renuncia. El Presidente Juan Orlando Hernández ha ampliado la intervención militar en la lucha contra los delitos violentos. En un informe de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) enumeró las denuncias  que ha recibido contra miembros de la Policía Militar y el Ejército sobre abusos, incluidos asesinatos, secuestros, tortura, violaciones sexuales y robos. independencia judicial Se producen habitualmente actos de intimidación e interferencia política contra jueces. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley contra la corrupción policial. El reemplazo de los cuatro magistrados formó parte de un patrón más amplio de interferencias. Hasta diciembre de 2014, el Consejo de la Judicatura, creado en 2011 y con potestad para designar y destituir a jueces, había removido a 29 jueces y suspendido a otros 28, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de que los criterios para las medidas disciplinarias y las sanciones aplicables todavía no habían sido definidos por ley. Ataques contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y activistas ambientales En agosto, la CIDH describió a Honduras como “uno de los países más  peligrosos para los defensores de derechos humanos”. Son habituales las amenazas, los ataques y los asesinatos que tienen como víctimas a periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Entre 2014 y mayo de 2016 fueron asesinados 21 periodistas, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Casi todos los asesinatos de periodistas quedan impunes. En 2015, el gobierno promulgó una ley que creó un Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos H umanos (CNPDDH), integrado por 14 miembros, así como un “sistema de protección” encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. El Comité contra la Tortura (CCT) destacó que el CNPDDH avanza lentamente en 38 pedidos de protección recibidos hasta mayo de 2016. En marzo, la defensora de derechos indígenas a la tierra y ambientalista Berta Cáceres murió en una agresión armada en su vivienda. Cáceres había denunciado a la policía 33 amenazas contra su vida, pero ninguna fue investigada. Cáceres pertenecía a la población indígena lenca, la más numerosa de Honduras, y había iniciado una campaña contra la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, que es repudiada por activistas que la consideran una amenaza para el río Gualcarque. Cinco hombres, incluido un mayor del Ejército y el gerente de asuntos sociales y ambientales de Desarrollos Energéticos (DESA), la empresa contratada para construir la represa, fueron arrestados a inicios de mayo por su presunta participación en el homicidio de Cáceres. La fiscalía sostuvo que el hecho formó parte de una confabulación con DESA. En septiembre, se detuvo a una sexta persona presuntamente implicada. Violencia contra menores El temor a la violencia de pandillas provoca que cada año cientos de menores dejen el país y se dirijan hacia destinos al norte, muchas veces sin estar acompañados por adultos. Según un informe de UNICEF y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la cantidad de homicidios de menores aumentó de 434 en 2014 a 570 en 2015. Condiciones en centros de detención Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son endémicas en las prisiones hondureñas. En diciembre de 2015 había más de 16.000 presos en las cárceles del país, diseñadas para albergar hasta 8.600 personas. En muchos establecimientos, los guardias penitenciarios directamente han renunciado al control y la disciplina de los internos. Actores internacionales clave en enero, la OEA suscribió un acuerdo con el gobierno hondureño para crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El Presidente Hernández había propuesto esta colaboración en julio de 2015, luego de las protestas en reclamo de una comisión similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La MACCIH comenzó a funcionar en abril.
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