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Alfonso Bcomun
  [Doctrina] El concepto de bien común en la jurisprudencia de la Corte Suprema argentinaAutor/es:  Por Santiago, Alfonso (h.). ED, 192-851 I Introducción En el presente trabajo nos proponemos recordar algunas breves nociones sobre elbien común y analizar cómo dicho concepto ha estado presente en las distintas etapas de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El bien común es un concepto de sumaimportancia y trascendencia en el sistema político y jurídico de una comunidad. En una primeraaproximación, podemos señalar que el bien común es: a) la causa final del Estado: Como essabido, la teoría política clásica distingue cuatro causas fundamentales en el ser del Estado: lacausa material (un grupo social asentado en un territorio), la causa formal (el orden social logradomediante la sanción y efectiva vigencia de una constitución y del resto del ordenamiento jurídico), lacausa eficiente (la naturaleza social del hombre y existencia de una autoridad pública) y la causafinal (el bien común político). Como causa final de Estado, el bien común es causa causarum,causa de las demás causas de la comunidad política. El bien común, que en sí resume y expresaun conjunto de muchos otros bienes de naturaleza colectiva, es aquello que en último término sepretende alcanzar a través de la compleja interacción que supone el ser y la actuación estatal. Elexplica y responde en definitiva la trascendental pregunta subyacente en toda reflexión y actividadpolítica: ¿por qué es el Estado y no más bien la anarquía?; b) el ámbito y la medida de la actuaciónestatal: el Estado sólo puede actuar válidamente dentro del ámbito del bien común y donde élaparezca comprometido. Fuera de esos límites su actividad será ilegítima y arbitraria, ya que selesionaría el derecho humano a la privacidad, el legítimo derecho de todo hombre a ser dejado asolas por el Estado en determinados ámbitos de su conducta personal; c) el fundamento de laexistencia de la autoridad pública y fuente de legitimidad de las potestades estatales: la autoridadpública, las diversas potestades estatales (legislativa, de policía, tributaria, expropiatoria,administrativa, represivo-penal, jurisdiccional, etc.) y el deber de obedecerlas bajo determinadascondiciones, encuentran su fundamento y su fuente de legitimación ética y política en el biencomún. Sin este fundamento, el poder político aparece como un mero hecho de fuerza, como unaviolencia institucionalizada, que lesiona hondamente la dignidad de la persona humana y frente alcual corresponde la resistencia pasiva o activa. Por otra parte, una actuación pública que no sefundamente o contraríe al bien común, constituye un ejercicio ilegítimo e irrazonable del poderpúblico, que los modernos sistemas jurídicos castigan declarando su inconstitucionalidad, es decir,su invalidez y nulidad jurídica; d) el objeto y cometido de la actuación del gobierno y de los poderespúblicos: el gobierno en cuanto cabeza del Estado, es gerente del ’bien común’ y su actuación debetender a su logro efectivo en el ámbito existencial y su disfrute por parte de todas las personas queintegran la comunidad estatal. Lo que los ciudadanos reclaman de la autoridad pública, lo que losgobernantes prometen y deben procurar realizar, es hacer realidad los distintos aspectos queconforman el bien común de una sociedad en un momento histórico determinado. El logro del biencomún se convierte entonces en el patrón con que se juzga y mide la bondad de un gobiernodeterminado. El bien común no se consigue de modo espontáneo, sino que, contando con lavitalidad y espontaneidad propia de las personas y organizaciones sociales, requiere de la lúcidadirección y conducción de la convivencia social por parte de las autoridades públicas; e) el ideal yproyecto político al que son convocados los integrantes de una comunidad política: todaorganización política se estructura y unifica en torno a un determinado ’proyecto sugestivo de vidaen común’, a cuya realización son convocados sus integrantes. Este proyecto a realizar juntamentecon los demás ciudadanos no es otra cosa que la formulación del bien común para una comunidadpolítica en un determinado contexto histórico. Es esta convocatoria a realizar el bien común,entendido como un determinado proyecto político, lo que moviliza a los ciudadanos, da cohesión auna Nación y evita la natural tendencia a la fragmentación y dispersión de los individuos, de losgrupos sectoriales y de las diversas regiones de un Estado; f) el fin de la ley: según la clásicadefinición de la ley como ’orden de razón tendiente al bien común dictada por quien tiene a sucargo el cuidado de la sociedad’, el bien común es la finalidad que pretende alcanzar toda normade alcance general. Allí encuentra tanto su norte, como su fuente de legitimidad; g) el valor jurídicosíntesis: desde el punto de vista de la axiología jurídica, para algunos autores, el bien comúnrepresenta el valor síntesis e integrador de todo el derecho público y, podríamos decir, de todo el  derecho en general. Como valor jurídico el bien común es el que inspira y moviliza en su accionar alos diversos protagonistas del mundo jurídico y político: constituyentes, legisladores, jueces, poderejecutivo, funcionarios administrativos, etc. Por otra parte, dado el carácter armonizante ysistemático que debe tener toda interpretación jurídica, y de modo especial la interpretaciónconstitucional, el bien común como valor jurídico ocupa un lugar destacado en la hermenéutica jurídica y constitucional. A través del enunciado inicial de estos significados del bien común, quedapuesto de manifiesto la considerable importancia de este concepto para la Filosofía Política y parael Derecho Constitucional. Describiremos al bien común político como el conjunto de condicionesmateriales y espirituales, de muy variado contenido (políticas, sociales, económicas, culturales yeducativas, urbanísticas y ambientales, etc.), que favorecen el normal y pleno desarrollo de lapersona humana y de los grupos que integran la sociedad política y que han de ser creadas por ypara todos y cada uno de sus integrantes, bajo el lúcido y limitado gobierno de la autoridad pública. II El concepto de bien común en la jurisprudencia de la Corte Suprema En este apartado nosproponemos indagar en qué medida y de qué forma la Corte Suprema, en los fallos de las distintasépocas de su historia, ha hecho alusión explícita o implícita al concepto de bien común y cuál es laconcepción social básica que ha predominado en sus decisiones. Siguiendo las modernas teoríashermenéuticas y de análisis del discurso, considero que puede afirmarse que debajo de todaconcepción jurídica, de todo texto constitucional o legal, de todo planteo normativo, de todadecisión judicial, subyace, en forma más o menos velada, una determinada visión del hombre y delEstado y, de modo particular, una concepción al menos implícita de bien común. Por ello es posible,’descodificar’ cada decisión jurídica para analizar cuál es la concepción de fondo que en ella estápresente. De acuerdo con la tópica jurídica, podemos señalar que el derecho es siempre pensado yresuelto desde determinada posición: las concepciones previas, los ’pre-juicios’, condicionan yfundan en buena medida el juicio. Es, por tanto, la propia realidad jurídica, a través del uso explícitoo implícito que de esta noción realizan las normas y los jueces, la que nos lleva a la noción de biencomún. De acuerdo a cómo se lo conciba, al contenido y alcance que se le otorgue, se derivanconsecuencias significativas para la labor jurisprudencial. Lógicamente la jurisprudencia de la CorteSuprema no es siempre uniforme con respecto a la noción de bien común que sostiene a través delas distintas integraciones y en los diferentes temas que aborda. Sin embargo, nos parece que a lolargo de su historia se puede identificar cuál es la concepción sobre el bien común que haprevalecido. Haremos un doble análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema: uno de carácterhistórico y otro sistemático o temático. Nos parece que el análisis de los casos de las distintasépocas relacionados con la reglamentación de los derechos constitucionales (poder de policía), surestricción en momentos de crisis (poder de policía de emergencia) y las medidas que el gobiernopuede adoptar para promover el bienestar general (poder de policía de prosperidad), ofrecen unbuen material de trabajo para dilucidar nuestro interrogante. Nos parece que el poder de policíaarticula en buena medida la dimensión jurídica de las relaciones sociales y pretende armonizardinámicamente los derechos personales con las razonables exigencias del bien común. Es por ello,que sin dejar de considerar las demás potestades estatales o instituciones jurídicas, lo adoptaremoscomo eje central de nuestra investigación jurisprudencial. Dado que la Corte Suprema ejerce elcontrol final de razonabilidad de los actos de gobierno, el análisis de las decisiones de la CorteSuprema sobre el poder de policía, comprendido en sus tres dimensiones, nos permitirá ver cuál hasido a lo largo de la historia el grado de intervención estatal en las relaciones sociales que fueadmitido como legítimo, qué fines persiguió y qué medios utilizó la autoridad estatal en su tarea degobierno, qué conflictos srcinó y cuál ha sido, en definitiva, el concepto y alcance del bien comúndesde el cual fueron elaboradas las distintas decisiones políticas y jurisprudenciales. Queremosque sean los propios fallos de la Corte Suprema los que nos hablen acerca del bien común. Es porello que hemos hecho una selección de citas de algunos fallos para que de modo directo quedeexpuesto el pensamiento y la postura de nuestro más Alto Tribunal, en sus distintas integraciones yen las diversas materias que ha debido abordar. Nos parece que ellas son bastante elocuentes ynos servirán para sacar conclusiones en nuestro trabajo de investigación. a) Análisis histórico Desde el punto de vista histórico y actualizando la excelente periodización realizada porOYHANARTE en su Historia del Poder Judicial, es posible distinguir las siguientes once etapas en  la jurisprudencia de la Corte Suprema: 1ª Etapa (1863-1903): Colección de Fallos, tomos 1 al 95. 2ª Etapa (1903-1930): Colección de Fallos, tomos 95 a 158. 3ª Etapa (1930-1947): Colección deFallos, tomos 158 a 208. 4ª Etapa (1947-1955): Colección de Fallos, tomos 208 a 232. 5ª Etapa(1955-1958): Colección de Fallos, tomos 232 a 240. 6ª Etapa (1958-1966): Colección de Fallos,tomos 240 a 265. 7ª Etapa (1966-1973): Colección de Fallos, tomos 265 a 286. 8ª Etapa(1973-1976): Colección de Fallos, tomos 286 a 294. 9ª Etapa (1976-1983): Colección de Fallos,tomos 294 a 306. 10ª Etapa (1983-1990): Colección de Fallos, tomos 306 a 313. 11ª Etapa (1990-): Colección de Fallos, tomos 313 y ss. - Primera etapa (1863-1903): En medio de una etapahistórica turbulenta marcada por constantes conflictos internos, la jurisprudencia de la CorteSuprema de esta primera etapa tiene por principal objetivo el afianzamiento de las institucionesestablecidas en la Constitución y acompañar el proceso de desarrollo del país impulsadoprincipalmente desde el gobierno nacional. De modo general, podemos señalar que la actuación dela Corte Suprema en este período se orienta principalmente en tres direcciones: asegurar lasupremacía de la Constitución, consolidar la autoridad del gobierno federal y reafirmar su propiopoder institucional. En el desarrollo de su labor jurisprudencial la Corte acude asiduamente a lasdoctrinas elaboradas por la Corte Suprema americana, en cuya autoridad apoya buena parte desus decisiones. En relación al tema de nuestra investigación, nos parece que la jurisprudencia deesta etapa, siguiendo en parte el pensamiento de ALBERDI, tiende a proteger los derechosindividuales de contenido económico, a reconocer con cierta amplitud el poder de policía delgobierno nacional y de las provincias para la defensa de los intereses públicos y a convalidar unejercicio extenso del poder de policía de prosperidad por parte del gobierno federal como agentedel desarrollo, de acuerdo con la cláusula del progreso establecida en el art. 67, inc. 16 (hoy 75,inc. 18). Como fallos arquetípicos de esta etapa, cabe mencionar las siguientes tres sentencias:caso ’Saladeristas Podestá’, en el que se convalidó la revocación de la autorización para funcionarde una industria que era altamente contaminante del entorno, ya que se consideró que se tratabade un ejercicio necesario y razonable del poder de policía provincial; caso ’Elortondo’, en el que sedeclara la inconstitucionalidad de la ley que disponía la expropiación total de un inmueble que sóloparcialmente iba a ser utilizado para la ampliación de la Avda. de Mayo; y caso ’Ferrocarril CentralArgentino’, en el que la Corte admite que el gobierno federal, cuenta con amplios medios paraimpulsar el crecimiento del país y puede eximir de los impuestos provinciales a las empresasconcesionarias de los ferrocarriles. Estas tendencias pueden también advertirse con claridad enotros fallos correspondientes a este primer período: caso ’Puesteros próximos al Mercado delCentro’, en el que se admite la constitucionalidad de la disposición provincial que, fundándose enrazones de orden general, impedía establecer puestos dentro de un radio de seis cuadras delMercado del Centro; caso ’Hue’, en el que la Corte considera muy baja y, por tanto contraria al art.17 de la CN, la indemnización establecida en una expropiación para la construcción de unferrocarril; caso ’Gagliardini’, en el que se declara la validez de una multa impuesta por el Consejode Higiene, entidad de carácter profesional, a un facultativo extranjero por ejercicio ilegal de lamedicina; caso ’Iturraspe’, en el que se declara la inconstitucionalidad de una ley de la Provincia deSanta Fe que prohibía la venta de determinadas tierras por afectar el derecho constitucional dedisponer de la propiedad privada; caso ’Plaza de Toros’, en el que se declara la validez de unanorma provincial que prohibía construir un espacio público destinado a la corrida de toros alegandorazones de moralidad pública; caso ’Caffarena’, en el que se admite la validez de una ley de laProvincia de Buenos Aires que obligaba a los bancos a devolver los depósitos en oro, no obstanteque, de acuerdo con los certificados de depósitos, podían hacerlo en plata boliviana; caso’Sociedad de Beneficencia de Señoras’, en el que declara la inconstitucionalidad de una norma delgobierno de la Provincia de San Juan que obligaba a la actora a cesar sus actividades y transferirsus bienes a otra organización; caso ’Keravenant’, en el que se señala que en la determinación dela indemnización debida por la expropiación de un inmueble para la construcción de ferrocarriles sedebe tener en cuenta, no sólo el valor de la tierra expropiada sino el perjuicio que dichas obraspueden acarrear en la parte no expropiada del fundo; caso ’Banco de Londres y Río de la Plata’, enel que se declara la constitucionalidad de una ley de la Provincia de Santa Fe que revocabaanticipadamente la concesión para emitir moneda otorgada al Banco; caso ’Tomasa Vélez Sarfield’,  en donde la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de un impuesto a la herencia establecidopor la Provincia de Buenos Aires, por considerar que el mismo afectaba la igualdad ante la ley, yaque sólo gravaba a los legados cuyos beneficiarios no fueran parientes del causante. En todosestos casos puede verse tanto una protección de los derechos personales como un reconocimientoexplícito de las atribuciones del gobierno para custodiar y promover el bien común. ’Lossaladeristas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, nosólo porque él se los concedió bajo la condición implícita de no ser nocivos a los interesesgenerales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido decomprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga yespecialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria. La autorización de unestablecimiento industrial está siempre fundada en la presunción de inocuidad y no obliga algobierno que la concedió, cuando esta presunción ha sido destruida por los hechos, pues en talcaso, el deber que sobre él pesa de proteger la salud pública contra la cual no hay derechosadquiridos, recobra toda su fuerza y no solamente puede imponer al establecimiento nuevascondiciones, sino retirar la autorización concedida, si éstas no se cumplieran o fueren ineficacespara hacerlos completamente inocuos’. ’Conferida al Congreso nacional la facultad de acordarprivilegios...sin limitar taxativamente el alcance de esa facultad y conferida también la de redactartodas las leyes y reglamentos convenientes para poner en ejercicio los poderes acordados, elladebe entenderse comprendida en la ilimitación de los medios a emplearse para el ejercicio de esospoderes federales, superiores siempre a la acción de las legislaciones locales, y que forman partede la instrumentalidad del gobierno mismo, con que la Nación provee al bienestar, progreso yprosperidad de todas las provincias’. - Segunda etapa (1903-1930): OYHANARTE caracteriza estaetapa del siguiente modo: ’se inicia en 1903 con la incorporación a la Corte Suprema de ese eximio jurista que se llamó Antonio Bermejo. Es la etapa spenceriana en que al amparo del positivismo jurídico, se guarda absoluta fidelidad a la más ortodoxa e inflexible concepción liberal, y aunque nose lo diga, se imagina al Estado como un enemigo natural de la libertad del individuo’. Se advierteen la jurisprudencia de esta etapa una marcada impronta individualista y una defensa, a veceslegítima y otras veces extrema, del derecho de propiedad frente a la intervención del Estado paraatender determinadas situaciones sociales que reclamaban su actuación. Hay una concepción muylimitada del poder de policía, que es concebido exclusivamente para evitar perjuicios a terceros enmateria de seguridad, salubridad y moralidad, y no para promover beneficios para la población engeneral o para un determinado sector social. Lo mismo ocurre con las potestades tributarias yexpropiatorias. Como sentencias arquetípicas de esta etapa cabe mencionar los siguientes fallos:caso ’Hileret’, en el que se declara la inconstitucionalidad de una ley de la Provincia de Tucumánque establecía cupos para la producción azucarera por considerarla contraria al derecho depropiedad; caso ’Horta c. Harguindeguy’, en el que dejando de lado lo resuelto meses antes en elcaso ’Ercolano’, se declaró la inconstitucionalidad de una ley de congelamiento de alquileres porentender que la misma violaba la intangibilidad de los derechos surgidos de un contrato; y caso’Arizu’, en el que se declara la inconstitucionalidad de un impuesto a los empleadores y productoresde la Provincia de Mendoza destinado a constituir una Caja de pensiones para la vejez e invalidezde los trabajadores, por considerar que se trata de un impuesto que no está destinado a cubrirnecesidades generales del Estado y sólo grava a determinados contribuyentes en beneficio de unsector social: un impuesto para ser constitucional debe ser general en su fuente y en su destino yno puede estar establecido para exclusivo beneficio de un determinado sector social. Otros falloscorrespondientes a esta segunda etapa que siguen esta orientación de fuerte protección delderecho de propiedad son : caso ’Melo de Cané’, en el que se declara inconstitucional yconfiscatorio un impuesto a la herencia que absorbe el cincuenta por ciento de su valor; caso’Baylina’, en el que se declara la inconstitucionalidad de una disposición municipal que impedíautilizar para pastoreo tierras adyacentes al ejido urbano; caso ’Grosso’, en el que se declara lainconstitucionalidad de un impuesto a la producción de vino destinado a otorgar un subsidio a losproductores de vino integrantes de una cooperativa provincial; caso ’Griet Hnos’, en el que sedeclara la inconstitucionalidad de un impuesto a la venta de azúcar destinado íntegramente asubsidiar a los productores que no hayan podido vender su producción; caso ’Pereyra Iraola’, en el
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