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  Título:  La reafirmación del principio de la reparación plena. El fallo Ontiveros Autor:  Calvo Costa, Carlos A. Publicado en: RCyS2017-X, 90 - LA LEY 06/11/2017, 06/11/2017, 5Cita Online:  AR/DOC/2386/2017 Sumario: I. Los hechos del caso.— II. Las partes relevantes del fallo de la Corte Suprema.— III. La protecciónde la persona humana: el norte de la responsabilidad civil actual.— IV. La constitucionalización del derecho dedaños. El principio de la reparación plena y su reafirmación en la sentencia analizada.— V. Acerca de lareparación de la incapacidad y del daño moral en el fallo Ontiveros .— VI. Colofón.I. Los hechos del casoEn el presente caso, la jueza mendocina Stella M. Ontiveros reclamó la indemnización de los daños sufridosen el año 2001 al tropezarse con unos cables, mientras desempeñaba funciones en su despacho del Juzgado dePaz Nº 8, lo que le provocó graves lesiones  (1) . Contaba a la fecha del hecho con 48 años de edad.Si bien el fallo que aquí anotamos no abunda en mayores detalles en torno a los hechos, sí han trascendidoen los medios periodísticos —sobre todo mendocinos— los pormenores del caso, que dan cuenta de que elaccidente ocurrió el 12 de agosto de 2001, cuando la magistrada y actora, encontrándose en su despacho judicial, y al intentar darse vuelta para firmar unos cheques, se enredó con una cantidad de cables y tomas decorriente que se encontraban en el piso, cayendo pesadamente y sufriendo graves consecuencias dañosas: nosolamente en su rodilla, sino también en otras partes de su integridad física. Ello fue el disparador para que semanifestara una enfermedad grave e incurable, aunque tratable: distrofia simpática severa, o síndrome de Sudek(que actúa sobre huesos y músculos provocando atrofia de ellos). La magistrada lesionada demandó a losaccionados por el accidente de trabajo, reclamando un poco más de un millón de pesos; en primer lugar, laSegunda Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza hizo lugar a la demanda, yestableció como indemnización, luego de varios años, la suma de cuatro millones seiscientos mil pesos,sentencia que fue apelada. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rebajó la indemnización a poco más desetecientos mil pesos, lo que fue apelado por la magistrada, siendo elevados los autos a la Corte Suprema deJusticia de la Nación  (2) , para su tratamiento.II. Las partes relevantes del fallo de la Corte SupremaEl Máximo Tribunal por mayoría y con la sola excepción del voto de la Dra. Highton de Nolasco, admitió elrecurso extraordinario interpuesto en queja, revocó el fallo del tribunal cimero de Mendoza, y ordenó que elexpediente volviera al tribunal de origen para el dictado de una nueva sentencia, con arreglo a lasconsideraciones expuestas en el decisorio de la Corte Suprema. Como lo hemos mencionado precedentemente,el fallo de la Suprema Corte mendocina había reducido sustancialmente la indemnización que otorgaba lasentencia del tribunal de srcen, al sostener que al haber continuado percibiendo sus ingresos como magistrada,la incapacidad peritada de actora no había irrogado lucro cesante alguno y. aludiendo a la comparación concasos análogos, también redujo el resarcimiento por daño moral.Entre los fundamentos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aquí anotamos, merecedestacarse lo dispuesto en torno a que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligaciónde reparar el menoscabo causado y tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniariaque afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades. Dichareparación no se logra si el resarcimiento —producto de utilización de facultades discrecionales de los jueces—resulta en valores insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible (...) el principio de la reparaciónintegral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en la ConstituciónNacional (consid. 4º).También se sostiene en la sentencia de la Corte que la indemnización integral por lesiones o incapacidadfísica o psíquica debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividadesproductivas o económicamente valorables. Este daño específico se debe indemnizar, aunque el damnificadocontinúe ejerciendo una tarea remunerada (consid. 5º), agregándose que, en el caso sub examine, la reduccióndel resarcimiento por daño material dispuesta por el a quo en modo alguno pudo justificarse bajo el dogmáticoargumento de que la actora continuó desempeñando su cargo de magistrada sin sufrir merma en sus salarios (consid. 6º), y que, más allá de la repercursión del hecho en las tareas laborales de la accionante, corresponde,en cambio, valorar desde una perspectiva más amplia la grave afectación de la actividad social y deportiva de laactora que el propio fallo tuvo por probada, y examinar, incluso, si las consecuencias del accidente privaron a lamagistrada de la posibilidad futura de ascender en su carrera judicial (consid. 8º).Asimismo, merecen destacarse también las consideraciones que han expuesto los Dres. Lorenzetti y Documento © Thomson Reuters Información Legal  1  Rosenkrantz (este último en disidencia parcial), en sus votos personalizados, a los cuales haremos referencia alo largo de este comentario.Para poder contribuir aún más a comprender la esencia del decisorio del Máximo Tribunal, efectuaremospreviamente algunas consideraciones que estimamos relevantes.III. La protección de la persona humana: el norte de la responsabilidad civil actualQuizás el cambio más importante que ha sufrido la responsabilidad civil en las últimas décadas, ha sido elcambio de paradigma en el sistema: el fin último protectorio es la persona humana, y no ya el patrimonio, comolo evidenciaban muchos de los códigos civiles decimonónicos, no sólo en nuestro país sino también en elderecho comparado. Ello fue parte de un largo proceso que hemos detallado en una obra sobre la materia y a laque remitimos (puesto que excede el marco de este aporte)  (3) ; y que da cuenta que en las últimas décadas laresponsabilidad civil —a partir de una concepción resarcitoria y de justicia distributiva— ha comenzado apreocuparse por la víctima del daño, resultando inconcebible que alguien pudiera sufrir un perjuicio y quedebiera soportarlo injustificadamente. A raíz de esta transformación, es que comenzó a concebirse a laresponsabilidad civil como la reacción contra el daño injusto  (4)  ; de tal modo ese deber de responder tiene susrcen en la comisión del daño; y el juicio de responsabilidad consiste en decidir si ese perjuicio debe serreparado y por quién  (5) .Ha sido el Código Civil y Comercial argentino, que posee ya una vigencia de más de dos años, el que halogrado focalizar el centro de protección en la persona, diferenciándose en su estructura y normativa, de laforma en que era encarada esta cuestión bajo el amparo del derogado Código Civil de Vélez Sarsfield, queposeía una importante focalización en los bienes. Estos cambios se advierten, además, en el hecho de que sehaya incluido en el Código Civil y Comercial un capítulo destinado especialmente a los derechospersonalísimos, destacándose que la persona humana es inviolable (art. 51), protegiéndose su dignidad, elcuerpo y su nombre, entre otros; también se han recogido los principios que dimanan de la jurisprudencianacional, colocando a los damnificados más débiles en una mejor situación frente a la potencialidad dañosaactual, y se ha reconocido que el derecho de daños tiene un fin primordialmente preventivo (arts. 1710 a 1713,Cód. Civ. y Com.), pues ya no basta con acudir a subsanar el daño luego de su ocurrencia, sino también resultafundamental que se impida su provocación en pos de una máxima protección de la persona. No cabe duda, pues,que la responsabilidad civil centra su mirada en el damnificado.Así como el art. 19 de la Const. Nac. establece que las acciones privadas de los hombres, en tanto no dañena terceros, están exentas del juicio de los magistrados; a contrario sensu toda acción privada o pública, queimplique daños a terceros, será sometida a la autoridad de los jueces. Y es en esta norma donde halla raigambreel principio del alterum non lædere ( no dañar a otro ), tal como lo ha sostenido en reiteradas ocasiones laCorte, lo que ha llevado a muchos autores a aludir a un proceso de constitucionalización del derecho de daños,al que nos referiremos a continuación.IV. La constitucionalización del derecho de daños. El principio de la reparación plena y su reafirmación enla sentencia analizadaEn los fundamentos del Proyecto del Código Civil y Comercial, al referirse a los aspectos valorativos , laComisión de Reformas destaca como uno de ellos al de la constitucionalización del derecho privado .Textualmente se afirma que la mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre elderecho público y privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, enparticular los de Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. Eneste aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado y establece unacomunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamadapor la mayoría de la doctrina jurídica argentina (...). Puede afirmarse que existe una reconstrucción de lacoherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado . Ello, como veremos seguidamente, fueplasmado definitivamente en el art. 1740, Cód. Civ. y Com., consagratorio de la reparación plena.Como lo hemos expresado y analizado en otro trabajo doctrinario que efectuáramos sobre la materia  (6) ,estimamos que en nuestro país la constitucionalización del ordenamiento jurídico se plasma con laincorporación en la Constitución Nacional de 1994 de los tratados internacionales de derechos humanos, los quese encuentran enumerados en el art. 75, inc. 22. Hasta ese entonces se consideraba que el Código Civil eraautosuficiente  (7) ; y las excepcionales alusiones a la Constitución eran relativas al derecho de propiedad. Lareforma constitucional de 1994 modificó definitivamente el clásico paradigma normativo nacional, ubicando alser humano por encima de todos los derechos patrimoniales. Esto fue reafirmado en el fallo Aquino de laCorte Suprema del 21/09/2004, en donde se sostuvo que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico;y, en tanto fin en sí mismo —más allá de su naturaleza trascendente—, su persona es inviolable y constituye Documento © Thomson Reuters Información Legal  2  valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental  (8) .En el ámbito de nuestros tribunales, estimamos que el proceso de constitucionalización del derecho de dañosemprendió su construcción hacia 1986, cuando el alterum non lædere ( no dañar a otro ), fue consagrado por laCorte como un principio general del derecho de raigambre constitucional, anidado en el art. 19 de la Const. Nac.Ello ocurrió en los leading cases Santa Coloma  (9)  y Gunther  (10) , pero continuó con otros decisorios delMáximo Tribunal, tales como Fabro  (11) , Coronel  (12)  y Morea  (13) , Ángel Estrada  (14) , y RodríguezPereyra  (15) , viendo su punto cúlmine en el fallo Aquino  (16) , antes hemos mencionado, que ha sidoconsagratorio de dicho proceso, ya que el Máximo Tribunal dispuso que es inconstitucional el art. 39, inc. 1º dela Ley de Riesgos del Trabajo que exime al empleador de responsabilidad civil mediante la prestación del art.15, inc. 2º, segundo párrafo, de aquélla, en cuanto importa un franco retroceso de la reparación integral resultacontrario al principio constitucional que prohíbe a los hombres dañar los derechos de un tercero, a la justiciasocial y a la dignidad humana .En este proceso de constitucionalización del derecho privado y, en lo particular, del derecho de daños, hatomado relevancia el concepto de la reparación integral del daño, terminología que había sido calificada comouna falacia por algunos autores, ya que la regla estima que debe repararse todo el daño, no más allá del daño,pero todo el daño  (17) . Sin embargo, el Código Civil y Comercial ha consagrado en el art. 1740 el principio dela reparación plena; en su parte pertinente, destaca: la reparación del daño debe ser plena. Consiste en larestitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o enespecie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible,excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero (...) .Advertirá el lector que en la sentencia que aquí comentamos, la Corte determina que (...) el principio de lareparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que encuentra su fundamento en laConstitución Nacional (consid. 4º, in fine). Y, en el voto del Dr. Lorenzetti, si bien se ha hecho hincapié en queel Código Civil derogado era aplicable al caso por cuestiones de derecho transitorio, se destaca que el principiode la reparación plena recogido por el citado art. 1740, Cód. Civ. y Com., también tenía suficiente yconsolidado reconocimiento al amparo del Código derogado (consid. 6º), por lo cual no debía soslayarse almomento de dictarse esta sentencia. El breve panorama jurisprudencial del Máximo Tribunal, que hemosmencionado precedentemente, da cuenta de ello.Desde nuestro punto de vista, otro de los grandes aportes que se realiza la sentencia aquí comentada esponer fin a la discusión en torno a la diversidad de significados de los conceptos reparación integral y reparación plena , ya que parecieran no poseer el mismo significado.En un concepto desprovisto de cualquier connotación jurídica, podríamos destacar que resultan sersinónimos, puesto que en el Diccionario de la Real Academia Española, integral es un adjetivo definido como que comprende todos los elementos o aspectos de algo , y pleno como completo y lleno  (18) .Sin embargo hablar de una reparación integral puede interpretarse como un intento de borrar todos losefectos del suceso dañoso. El gran problema que trae ello aparejado, es que la restitutio in integrum, como idealde la reparación, al que debe tender el derecho de daños, procura que la reparación que obtenga la víctima lepermita compensar los daños sufridos, para reparar lo materialmente reparable o poder mitigar el dolorespiritual. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que muchas veces es imposible restituir a la víctima alestado en que se encontraba con anterioridad al daño: el sufrimiento no puede ser borrado, las vidas no puedenser devueltas y muchas veces la cosas perdidas o destruidas no pueden ser reparadas; pese a ello, el derechohace el esfuerzo de recomponer las situaciones afectadas por el daño. Por eso, en los trabajos anteriores sobreesta materia  (19) , y al igual que lo han efectuado otros autores  (20) , estimamos que la reparación plena es la quese condice con la plenitud propia de cada ordenamiento jurídico, la que se obtiene según lo que cada uno deellos atribuye al causante del daño. Es decir, la plenitud de la reparación depende de cada uno de los sistemasque matizan las soluciones con criterios muy diversos  (21) . Reparación plena implica entonces el pago de laindemnización que el propio sistema dispone, ni más ni menos, y no en dejar indemne o sin menoscabo algunoal damnificado; ello así, puesto la regla de la plenitud indemnizatoria se cumplirá si se lleva a cabo deconformidad con las reglas de cada uno de los ordenamientos jurídicos singulares, porque —como afirma unacalificada doctrina— cada sistema tiene sus propias reglas específicas para asignar responsabilidad a uno u otrosujeto, para excluir del derecho la reparación, en el todo o con relación a ciertos daños, para modular losfactores de atribución o para msrcerar la reparación  (22)  (tal como ocurre en el régimen de responsabilidad civildonde sólo se indemnizan las consecuencias inmediatas y mediatas que se encuentran en relación causaladecuada con el hecho generador; como también sucede con las limitaciones indemnizatorias que brinda elCódigo Aeronático, etc.).Según nuestro punto de vista, sostuvimos en aquellos trabajos de nuestra autoría aquí mencionados que la Documento © Thomson Reuters Información Legal  3  reparación integral (como ideal de la restitutio in integrum) tiene para el derecho de daños moderno una dobleimportancia: por una parte se trata de una suerte de sol alrededor del cual orbitan (o al menos se pretende que lohagan) los microsistemas reparatorios existentes en el derecho argentino y, al mismo tiempo, constituye unazona de intersección entre el derecho constitucional y el derecho privado  (23) . Es indudable, entonces, que lareparación debe ser plena en todos los ordenamientos jurídicos, pero su plenitud está condicionada en cada unode ellos, ya que debe superar el test de constitucionalidad que propone en el ordenamiento jurídico el principioconstitucional de la reparación integral.En la sentencia que aquí anotamos el voto del Dr. Lorenzetti da cuenta de que, a las diferentesdenominaciones que se han utilizado en las sentencias del Máximo Tribunal a lo largo del tiempo, se han empleado indistintamente las expresiones 'reparación integral' (Fallos 311:1722; 337:329; 338:934),'reparación íntegra' (Fallos 219:798) o 'reparación plena' (Fallos 330:4633; 332:2633; esta última finalmenteadoptada por el Código Civil y Comercial de la Nación), como nociones equivalentes que trasuntan, endefinitiva, el imperativo constitucional de la reparación del daño, que no es otro que restituir, con la modalidady amplitud que establece el ordenamiento, la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso (consid. 6º).V. Acerca de la reparación de la incapacidad y del daño moral en el fallo Ontiveros El fallo de la Corte Suprema que estamos analizando, si bien es muy rico en contenido, merece queefectuemos algunas consideraciones en torno a su abordaje respecto a la reparación de la incapacidad física quereclamaba la magistrada accionante.En primer lugar, surge del voto del Dr. Rosenkrantz que la Corte ha sostenido en diversospronunciamientos vinculados con infortunios laborales en que se aplicaba el sistema indemnizatorio del derechocomún que la incapacidad física del trabajador suele producirle un serio perjuicio en su vida de relación (lo querepercute en su actividad social, deportiva, etcétera); y que ese perjuicio debe ser objeto de reparación al margende lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y del daño moral, pues la integridadfísica en sí misma tiene un valor indemnizable (Fallos 331:570). Deben evaluarse, en ese marco, lasproyecciones de la incapacidad en el ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguientefrustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos 322:2658 y 2002; 329:2688, entre otros). También ha dichoque, a la hora de establecer la cuantía de la indemnización, deben tenerse en cuenta las circunstancias personalesdel damnificado (fallos 320:1361; 325:1156 y 330:563, entre otros). La sentencia recurrida ignora por completoesos parámetros (...) (consid. 6º de su voto en disidencia parcial).Al respecto, si bien compartimos su conclusión de los dos párrafos finales del texto aquí transcrito,queremos efectuar una aclaración en torno a aquello que se expone en cuanto a que la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable, ya que ello debe ser interpretado a la luz del verdadero concepto de dañoresarcible, que hoy está plasmado en el art. 1737, Cód. Civ. y Com.  (24) .Ya resulta pacífica la doctrina y la jurisprudencia que coinciden en admitir que el daño jurídico es la lesión aun derecho o a un interés jurídico —patrimonial o extrapatrimonial— que provoca consecuencias de la mismaíndole, es decir, trascendidos patrimoniales o extrapatrimoniales. En razón de ello, nuestro derecho ya no aceptaun concepto de daño que consista en la simple lesión a bienes jurídicos, el que ha sido dejado atrás y fueampliamente superado en nuestra doctrina, en nuestra jurisprudencia, y actualmente en nuestra legislación, conel significado que le concede el Código Civil y Comercial al daño resarcible. En tal sentido, estimamos que lasalud, la integridad física, al igual que la estética, el proyecto de vida, la vida de relación, la psique, etc.,representan bienes de carácter personalísimo que resultan ser asientos de derechos subjetivos, pero que nopueden ni deben ser resarcidos autónomamente ni per se, si es que su lesión no reporta consecuencias de índolepatrimonial o extrapatrimonial para quien lo sufre, como lo bien lo deja en claro el citado art. 1737, Cód. Civ. yCom. Un daño será tal en sentido jurídico, cuando no sólo se afecten derechos o intereses patrimoniales oextrapatrimoniales de una persona, sino que además debe provocar consecuencias de la misma índole, ya sea ensu patrimonio o en su faz espiritual.En tal sentido, somos partícipes de la postura que afirma que todo daño a la salud debe ser indemnizado,desvinculándolo definitivamente de toda nota de patrimonialidad, como ser la pérdida de ganancias, laafectación de la actividad productiva, etc., tal como lo dispone el fallo de la Corte Suprema, especialmente en elilustrado voto del Dr. Lorenzetti, cuando destaca que en el universo de perjuicios que integran la incapacidadsobreviniente, la faz laboral e una de las parcelas a indemnizar (consid. 7º), dejando entrever que de tal modose hace honor a la reparación plena del art. 1740, Cód. Civ. y Com. De allí, que se insista en el decisorio de laCorte que aquí anotamos, que al indemnizarse la incapacidad, no debe ponderarse únicamente la faz laboral oproductiva del afectado, sino también la llamada incapacidad vital, que afecta otros aspectos de su personalidad, Documento © Thomson Reuters Información Legal  4
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